Nicaragua: Amnistía Internacional acusa al Estado nicaragüense de ejecuciones extrajudiciales “con conocimiento” del presidente Daniel Ortega
29/05/2018
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Nicaragua: Amnistía Internacional acusa al Estado nicaragüense de ejecuciones extrajudiciales “con conocimiento” del presidente Daniel Ortega

Las acusaciones de serias violaciones de derechos humanos por parte del Estado nicaragüense en el marco de las protestas que desde hace 42 días sacuden al país centroamericano siguen acumulándose.

Según Amnistía Internacional (AI), todo apunta a que algunas de las más graves se han producido con el conocimiento del presidente Daniel Ortega.

La prestigiosa organización de derechos humanos presentó este martes en Managua los resultados de una investigación que concluye que un elevado número de las muertes de manifestantes registradas en los primeros días de las protestas fueron intencionales.

AI responsabiliza por las mismas a grupos parapoliciales, la Policía Nacional y las fuerzas antimotines, lo que las elevaría a la categoría de “ejecuciones extrajudiciales”: una grave violación de los derechos humanos “que es también un crimen de derecho internacional”, recuerda Amnistía.

“Dado el contexto en que sucedieron estas muertes y tomando en cuenta la arquitectura institucional que organiza a las fuerzas de seguridad del país, la organización considera que existen razones para pensar que dichas muertes habrían ocurrido con conocimiento de las más altas autoridades del Estado nicaragüense, entre ellas el presidente de la república”, se lee además en el reporte “Disparar a matar: estrategias de represión de la protesta en Nicaragua”.

El gobierno nicaragüense todavía no se ha pronunciado sobre el informe de AI, pero durante la instalación del Diálogo Nacional convocado hace dos semanas para buscarle una salida a la crisis, el presidente Ortega negó que la policía tuviera órdenes de disparar a matar.

Las autoridades también han responsabilizado por la violencia a “grupos delincuenciales”, pero se comprometieron a permitir la conformación de unmecanismo de investigación internacional sobre los hechos de violencia.

Hasta el momento, sin embargo, todavía no se han dado pasos concretos en ese sentido.

“41 jóvenes estudiantes heridos”

Por lo pronto, la violencia continúa.

De hecho, una entrevista que BBC Mundo tenía prevista con el equipo de Amnistía Internacional el lunes tuvo que ser suspendida cuando este se vio atrapado en un ataque de grupos parapoliciales y antimotines a una de las universidades que participan en la protesta.

“Me han confirmado del Hospital Bautista de Managua que han recibido a 41 jóvenes estudiantes heridos, en su mayoría, con armas de fuego. Uno ha muerto”, informó luego por Twitter Ericka Guevara-Rosas, la directora para las Américas de AI.

Más temprano, Guevara-Rosas había transmitido en vivo lo que describió como un “brutal ataque” de la policía antimotines “con armas de alto calibre“.

Y el último muerto eleva el total de fallecidos desde el 19 de abril a por lo menos 92, según las estimaciones más recientes.

“Como en una zona de guerra”

La posibilidad de que parte de esa cifra fuera el resultado de ejecuciones extrajudiciales no había sido descartada por un informe anterior de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también altamente crítico con la actuación del Estado nicaragüense.

Pero Amnistía Internacional fue mucho más allá con base en el análisis de varios casos puntuales por parte de un equipo de expertos en análisis de video y fotografía, así como en armas y municiones.

Según la organización, en los ocho casos analizados en los que la muerte se produjo por lesiones por arma de fuego, los muertos “presentaban orificio de entrada del proyectil en una zona de alta letalidad”: cabeza, cuellos o región torácica superior.

“Por otro lado, en al menos cuatro de los casos documentados, existirían indicios de que la trayectoria de la bala tuvo una inclinación significativa, de arriba hacia abajo, lo cual sugiere la posibilidad de que una persona, con una posición privilegiada de altura, pudo haber apuntado y disparado”, se lee en “Disparar a matar”.

El patrón es muy similar al que le describió a BBC Mundo uno de los cirujanos que, durante los primeros días, atendieron de forma voluntaria a numerosos heridos en otro de los hospitales de la capital, el Vivian Pellas.

“Era como estar en una zona de guerra“, dijo el cirujano, quien pidió no ser identificado.

Y además del abundante uso de armas de fuego y la localización y trayectoria de los disparos, las numerosas irregularidades en la investigación de las muertes, así como los obstáculos en el acceso a la justicia y el acoso a los familiares de las víctimas, también son parte del patrón identificado por AI para llegar a sus conclusiones.

Denuncias y negociaciones

Las ejecuciones extrajudiciales, en cualquier caso, no son las únicas graves violaciones de derechos humanos identificadas por AI, que también criticó el discurso oficial de negación de lo hechos y el uso de grupos parapoliciales por parte del gobierno nicaragüense.

La organización también denunció numerosos casos de uso indebido de la fuerza y de denegación de atención médica para los heridos en el marco de las protestas, así como los esfuerzos gubernamentales por controlar la prensa.

Amnistía Internacional ya había venido advirtiendo un progresivo deterioro en la situación de derechos humanos en Nicaragua y había manifestado preocupación por su retroceso “rápida y peligrosamente a algunas de las épocas más oscuras vividas en el país en decenios”.

¿Salida anticipada de Ortega?

Y su último reporte se da en un momento en que los diferentes sectores que participan en el Diálogo Nacional están exigiendo a las autoridades discutir una hoja de ruta para una mayor democratización del país, que, aseguran, pasaría por una salida anticipada del presidente Ortega.

Esta última posibilidad había sido descartada de plano por los delegados del gobierno, que la habían denunciado como “una ruta para un golpe de Estado“, pero el lunes una comisión especial acordó abordar el tema cuando se retome el diálogo.

A cambio, los miembros de la denominada Alianza Cívica para la Justicia y la Democracia se comprometieron a flexibilizar los bloqueos de carreteras que son parte de la protesta, aunque luego de los hechos violentos del lunes estos más bien se ampliaron.

Y Michael Healy, el presidente de la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua y uno de los delegados de la empresa privada en el proceso, le dijo a BBC Mundo que si el gobierno no mostraba verdadera voluntad de diálogo, la Alianza Cívica -que agrupa a estudiantes, campesinos, representantes de la sociedad civil y empresarios- estaba lista para presionar más todavía a las autoridades.

“Si no funciona el diálogo, la medida siguiente es el paro nacional“, advirtió Healy, quien describió la medida como una “última opción”.

El empresario, en cambio, estimó que, de no producirse avances, el paro se activará en un plazo no mayor de 15 días.

Más movilizaciones

Antes, sin embargo, aquellos que exigen la salida del presidente Ortega esperan dar una nueva prueba de fuerza con una marcha convocada para este miércoles 30 de mayo, día de la madre nicaragüense.

Si no funciona el diálogo, la medida siguiente es el paro nacional

Michael Healy, presidente de la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua

Y ese mismo día el gobierno también tratará de hacer lo mismo con su propia celebración del día de la madre en una zona diferente de la capital nicaragüense.

El país, no obstante, no parece estar para celebraciones.

Los sucesos violentos del lunes también incluyeron el incendio parcial de La Nueva Radio Ya, una emisora afín al gobierno, y a lo largo de la jornada también se produjeron numerosas denuncias de detenciones arbitrarias de participantes en las protestas.

Y a las madres que exigen justicia por la muerte de sus hijos hay que sumar aquellas que los han estado denunciado como desaparecidos.

Vía: bbc.com

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